IMPUNIDAD ADMINISTRATIVA.
Acontecimientos como lo son el socavón en la carretera Cuernavaca-Acapulco en el año de 2017, el incendio sobre un ducto submarino en el Golfo de México en la plataforma “KU-C”, el colapso de la línea 12 en la ciudad de México, la pérdida de casi 20 millones de vacunas contra la COVID-19, entre muchos otros, tienen en común una o dos cosas: le han ocasionado la muerte a personas y/o se encuentran asociados a fallas imputables al gobierno; y es ahí donde entra el tema de la “impunidad administrativa”.
Cuando se habla de “impunidad” se suele pensar únicamente en el tema penal, puesto que es el tipo de impunidad de la cual más conocimiento contamos y con la que más años tenemos lidiando: gente que no va a la cárcel, personajes corruptos que no son acusados, entre otras historias que todos conocemos. No obstante, impunidad son todos aquellos casos en los cuales debiendo haber una consecuencia jurídica por un incumplimiento a un deber o la causación de un daño, simplemente no se aplica la Ley y “no pasa nada”.
Es importante que todo ciudadano sepa a grandes rasgos que el actuar de cualquier Servidor Público que preste un empleo, cargo o comisión en un ente de gobierno ya sea Federal, o Local, con independencia de si es autónomo o perteneciente a uno de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tiene la obligación de actuar conforme al marco rector de regulación “Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)”, la cual establece los deberes, obligaciones y prohibiciones que acotarán su desempeño, cuyo incumplimiento debería dar lugar a la imposición de una sanción proporcional a dicha infracción.
En resumen, para toda falta admistrativa cometida por un Servidor Público existe una sanción admistrativa que puede consistir ya sea en una multa, suspensión, inhabilitación, amonestaciones privadas o públicas y sanciones económicas. Cuando estas sanciones no se hacen efectivas, es cuando se puede hablar de impunidad administrativa. En palabras de Luis Darío Ángeles, investigador de “Impunidad Cero”, el sistema de responsabilidades administrativas, cuya base se encuentra estipulada en la “LGRA”, es una especie de sistema preventivo-sancionador de conductas indebidas de los funcionarios de la Administración Pública.
Ahora bien, si contamos con una Ley General para combatir las faltas cometidas por todo funcionario público ¿por qué hay tanta impunidad administrativa en México? De acuerdo al estudio “La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad” la respuesta se podría encontrar en que entre los tres niveles de gobierno existe una falta de homologación y de información de los procesos de responsabilidad administrativa, lo que trae como consecuencia que este sistema se este utilizando con discrecionalidad e inclusive como herramienta de “cacería política”, alejándose de la esencia para la cual fue creada en un principio que es precisamente para mejorar el funcionamiento de los Organismos que integran el Gobierno en cualquier orden
Si queremos mejorar los índices de impunidad administrativa para así tener un mejor gobierno y además desincentivar todo tipo de conductas irregulares que puedan desembocar en situaciones tan trágicas como las mencionadas al principio de este artículo, es menester que desde nuestras trincheras ya sea como Ciudadano, Abogado o Servidor Público, hagamos uso de todas las herramientas y el marco legal que se pone a nuestra disposición en materia de Responsabilidades Administrativas, con el fin de hacer uso de los mecanismos que el Estado de Derecho nos provee.